España da un paso de gigante hacia la regulación de las criptodivisas con una importante reforma fiscal. El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, planea ampliar sus capacidades de vigilancia sobre las criptodivisas. La iniciativa pretende permitir el embargo de activos digitales para saldar deudas tributarias pendientes, marcando un punto de inflexión en la gestión de las obligaciones fiscales de los activos digitales en el país.
Criptodivisas en España: Reforma fiscal en profundidad
La reforma prevista se dirige al artículo 162 de la Ley General Tributaria para otorgar a la Agencia Tributaria española la potestad de identificar y embargar las criptodivisas de los contribuyentes morosos. Esta medida forma parte de un real decreto que entró en vigor el pasado 1 de febrero y que amplía el círculo de entidades autorizadas a recaudar impuestos, hasta ahora limitado a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito.
El Gobierno español no se detiene ahí y planea intensificar la lucha contra la evasión fiscal. Los bancos y las entidades de dinero electrónico podrían verse obligados a revelar todas las transacciones con tarjeta, lo que supondría un importante refuerzo del control fiscal sobre los movimientos financieros.
Retos reglamentarios y marco europeo
La rápida adopción de estas reformas plantea retos regulatorios, especialmente en un contexto en el que España busca tomar la delantera con diversas normativas para regular el criptoespacio. En octubre de 2023, el Ministerio de Economía y Transformación Digital anunció que el primer marco integral de criptomonedas de la Unión Europea, el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), se aplicará a nivel nacional en diciembre de 2025, seis meses antes de la fecha límite oficial.
Los residentes en España que posean criptomonedas en plataformas no españolas tienen hasta finales del próximo mes para declararlas a Hacienda. El plazo de presentación de la declaración a través del modelo 721 comenzó el 1 de enero de 2024 y finaliza el último día de marzo. Solo las personas físicas cuyo balance supere los 50.000 euros en criptoactivos están obligadas a declarar sus tenencias en el extranjero, mientras que quienes almacenen sus activos en carteras autogestionadas deberán declararlos a través del modelo normal del Impuesto sobre el Patrimonio, el Modelo 714.
Conclusión
Esta iniciativa de España marca un paso importante en la evolución de la regulación financiera y fiscal de las criptodivisas. Al reforzar las medidas de control y ampliar las capacidades recaudatorias de la Agencia Tributaria, la España se posiciona como líder en la adaptación de su legislación fiscal a las realidades de la economía digital. Esta reforma, aunque plantea retos, refleja el compromiso del país para combatir la evasión fiscal y garantizar una gestión justa de las obligaciones tributarias en el pujante sector de las criptodivisas.
